Exclusión escolar y violencia institucional marcan las trayectorias de adolescentes en conflicto con la ley
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) presentó el Informe Especial “Trayectoria escolar de adolescentes en conflicto con la ley. Monitoreo temático en Centros Educativos”, un estudio exhaustivo que expone las múltiples vulnerabilidades que atraviesan las juventudes privadas de libertad en Paraguay. El documento fue desarrollado con el apoyo académico de FLACSO Paraguay y la Universidad Iberoamericana (UNIBE), combinando enfoques cuantitativos y cualitativos con entrevistas, grupos focales y análisis desagregados por sexo, edad, grado académico y centro educativo.
El informe revela que la exclusión escolar no es un hecho aislado, sino un proceso acumulativo influido por la ausencia de acompañamiento adulto, dificultades pedagógicas no atendidas, barreras lingüísticas —especialmente para adolescentes hablantes de guaraní—, presiones económicas y desmotivación. Muchos adolescentes relataron que abandonaron la escuela sin que existiera un seguimiento institucional que investigue las causas de su desvinculación educativa.
Uno de los hallazgos más significativos del estudio es que el consumo de sustancias aparece como un factor transversal en las trayectorias de estos jóvenes. Según los testimonios recogidos, el inicio del consumo se sitúa entre los 8 años (en varones) y los 13 años (en mujeres adolescentes), dentro de entornos familiares y comunitarios donde las drogas están presentes de forma normalizada. Este consumo no se explica únicamente como una decisión individual, sino como el resultado de un entorno social caracterizado por la ausencia de supervisión adulta, la influencia de pares y la disponibilidad de sustancias en la comunidad.
El documento también documenta experiencias de malos tratos y violencia institucional durante las detenciones, incluyendo relatos de golpes y prácticas que podrían constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de efectivos policiales y grupos comunitarios. Estos episodios empeoran la ya precaria situación de los adolescentes y profundizan su desconexión del sistema educativo y social.
En sus conclusiones, el MNP subraya que las trayectorias de estos adolescentes están marcadas por fallas estructurales del sistema educativo, las políticas de protección social y la respuesta estatal al consumo de sustancias. Por ello, el informe plantea una serie de recomendaciones orientadas a respuestas integrales y sostenidas, entre las cuales destacan:
- Fortalecer la articulación interinstitucional entre educación, justicia, salud y servicios sociales para responder de manera coordinada a las necesidades de los adolescentes.
- Avanzar hacia un enfoque de salud pública en las políticas sobre drogas, superando el paradigma puramente represivo.
- Garantizar la presencia de profesionales de apoyo (psicólogos, tutores educativos y acompañantes) en las escuelas y centros educativos.
- Especializar a actores del sistema penal juvenil y de seguridad en derechos de la niñez y adolescencia.
- Reforzar programas de acompañamiento post-egreso para sostener los procesos de reinserción social y educativa de los adolescentes.
Este informe constituye un insumo clave para la formulación de políticas públicas que no solo aborden la exclusión escolar y el consumo problemático, sino que pongan en el centro las experiencias, voces y derechos de los propios adolescentes en conflicto con la ley, con miras a promover trayectorias de vida dignas e integrales.
